“La Sociedad de San Vicente de Paul quiere expulsarme de mi casa igual que ha hecho antes con decenas de familias”, dice Diego, activista de la PAH y afectado por esta oscura operación urbanística. La barriada de Operación Alamín, es una de las zonas más castigadas de Guadalajara. Las 96 viviendas, construidas en la década del 60 mediante subvenciones, créditos de la banca pública y donaciones, tenían como destino dar vivienda en propiedad a las familias adjudicatarias que a finales de la década de 1950 vivían en las cuevas de lo que es hoy el Parque Lineal o que podían acreditar falta de vivienda. Los beneficiarios, muchos de ellos ex presos políticos de la dictadura o ex prisioneros de guerra que incluso necesitaban un informe policial favorable para ingresar al proceso de adjudicación, accedieron a ellas con la premisa de que una vez abonadas las cuotas de los préstamos de su construcción, en los que ellos estaban subrogados, serían dueños de las mismas.  Pero la Sociedad católica de Vicente de Paúl que administra las viviendas jamás ha transferido la propiedad a los adjudicatarios, sino que desde hace años busca la manera de desahuciar a las familias que allí viven.©

Diego Herchhoren nos cuenta que desde 1996, la Sociedad de San Vicente de Paul, ostenta la propiedad ilegítima de esos inmuebles y ha intentado por todos los medios borrar el rastro de las familias adjudicatarias mediante desalojos forzosos y desahucios. La zona está signada por la suciedad, el menudeo y el abandono estructural y arquitectónico. La tutela de San Vicente de Paul le permite a ésta ofrecer una imagen caritativa, fuente de subvenciones y patrocinios, que le permite entre otras cosas administrar un fondo buitr…perdón, fondo de inversión inmobiliaria que es caso único en España.

Algunas de las casas de Alamín afectadas en la operación

Almacenamiento de la pobreza

Si usted pregunta a cualquiera de los activistas de esta entidad religiosa “¿de quién son estas viviendas?”, todos le responderán al unísono: “son nuestras”, “nos las donaron”, “las administramos para los pobres”. Ninguno le proporcionará información sobre que, por ejemplo, estas viviendas son según su escritura viviendas de protección oficial; que fueron construidas con subvenciones estatales a fondo perdido o que los adjudicatarios debían tener ya su título de propiedad. Nada de eso: con la excusa de dar “solución habitacional” el barrio se ha convertido en un almacén de necesitados que son ubicados en inmuebles que tienen ya la característica de infraviviendas: bloques sin luz, canalizaciones y cableado en mal estado, humedades estructurales, etc.

Pero hay algo peor: si usted acude a la Delegación Provincial de la JCCM (organismo que absorbió las antiguas competencias estatales en materia de vivienda) y pregunta por el expediente GU-VS-3/61, raudos le remitirán a la Sociedad de San Vicente de Paul. Está claro que el concepto “transparencia” no parece estar en agenda de los paúles y quien quiera recomponer las piezas del puzzle deberá hacer un recorrido por archivos, organismos y fuentes de información que permitan reconstruir unos documentos que alguien se ha encargado de hacer desaparecer.

Archivo General de la Administración, Ministerio de Fomento, Archivo Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Castilla-La Mancha han sido los organismos desde los cuales hemos podido reconstruir el origen de toda una apropiación indebida.

 

Desahucios en Guadalajara: Operación Alamín

1996: comienzan los desalojos

En condiciones normales, la Sociedad de San Vicente de Paul, tras el pago de estos préstamos debería haberse comunicado con los adjudicatarios y hacer el sencillo trámite de transferencia de la titularidad del inmueble, al haberse cumplido el requisito del pago de los créditos que pendían sobre esos bloques de viviendas. Pero no fue así.

Los adjudicatarios, muchos de ellos gente mayor sin conocimiento de los derechos que tenían sobre esos inmuebles, siguieron pagando sus cuotas hasta el último día de su vida. Los que fallecieron lo hicieron sin saber que esas casas ya eran suyas; y lo demás lo hizo la Sociedad de San Vicente de Paul.

El régimen de vivienda protegida del franquismo era sin duda peculiar, ya que si bien el adjudicatario sería en algún momento dueño de ese inmueble, mientras durara el régimen de protección, la ocupación estaría asimilada a un alquiler. En síntesis, el beneficiario pagaba una cuota durante X años, y cuando se terminara de pagar el préstamo pasaría a ser dueño de esa casa; pero si por algún motivo la abandonaba, perdería cualquier clase de derecho sobre ella.

Y éste ha sido el hueco por el cual San Vicente de Paul ha podido apropiarse de esas viviendas. Cuando un adjudicatario fallecía no constaba en ningún sitio el derecho de propiedad al no haberse realizado la transferencia, con lo cual sus hijos o nietos carecían ya de cualquier derecho, y a quien pedía alguna explicación se le espetaba que lo que tenía el fallecido era un alquiler que por supuesto no constaba en ningún sitio. No hay que olvidar que en ese momento el alquiler de VPO’s estaba fuertemente controlado, y cualquier alquiler de éstas debía estar autorizado por el Ministerio de la Vivienda; ni se moleste usted en intentar encontrar esa autorización.

De esta manera, San Vicente de Paul lleva ya apropiadas y bajo su control 79 viviendas de las que ha ido desalojando a los adjudicatarios, incluso con asustaviejas de por medio. Y las 17 restantes son las del grupo de espartanos que resisten a las amenazas de desalojo.

Vecinos y vecinas afectadas en la Operación Alamín

¿San Vicente de Paul administrando un fondo buitre?

En las viviendas en las que la entidad religiosa ha recuperado el control de las mismas, los paules han formalizado con los nuevos inquilinos contratos privados de arrendamiento cuya recaudación no se declara en ningún sitio. De esta manera, se trae una fuente de ingresos no declarados de los que poco podemos saber.

El estado de esas viviendas es visiblemente ruinoso y con fama en la ciudad. La acumulación de basura y el pequeño menudeo está a plena luz del día, pero no parece que esto sea fuente de preocupaciones para los paules. A mediados de mayo de 2014, varios inquilinos de estas viviendas acumulaban ya problemas de pago; hay que pensar que el castigo de la crisis en este barrio es todavía peor. En esas fechas ya corría la voz de que esos inmuebles habían sido vendidos, pero lo cierto es que el Registro de la Propiedad no mostraba ninguna alteración. No obstante en 2004 la entidad intentó vender varias unidades habitacionales, aparentemente sin éxito.

Sin embargo, una investigación patrimonial de este año hecha desde aquí permitió conocer un dato insólito: la Sociedad de San Vicente de Paul es administradora única de un opaco fondo de inversión inmobiliaria, de capital francés, llamado Bailallier Servicios Generales dedicado según el registro mercantil a la “adquisición, tenencia, administración, arrendamiento -incluido leasing inmobiliario- y explotación de bienes inmuebles, así como la adquisición, por cuenta propia, de valores mobiliarios.” En otras palabras, un fondo buitre que los paules administran desde febrero de 2014.

La entidad, definida como Sociedad de carácter humanitario, benéfico y social, administra Bailallier Servicios Generales SL, una empresa con un capital social de 600.000 euros, dedicada según el Registro Mercantil a la adquisición, tenencia, administración, arrendamiento -incluido leasing inmobiliario- y explotación de bienes inmuebles, así como la adquisición, por cuenta propia, de valores mobiliarios. El apoderado y Vicepresidente de la entidad es un empresario que dirige una de las empresas asociadas por la Fiscalía Anticorrupción a la trama Púnica. “Con esto nace la sospecha de que haya detrás un pelotazo inmobiliario” como contaba Diego en una entrevista reciente el el diario Publico.es

“El apoderado y vicepresidente de la Sociedad San Vicente de Paúl es Juan Manuel Buergo Gómez, empresario que también dirige una de las empresas asociadas a la trama Púnica,TECNIGES S.A., y que también se dedica a la promoción inmobiliaria, según ha podido saber la PAH de Guadalajara con la ayuda de Filtrala.org. Cuando las viviendas se construyeron era un barrio alejado de la ciudad, pero ahora está más cerca del centro y es un terreno que vale mucho más. De ahí viene la hostilidad hacia aquellos que estamos exigiendo que se nos respete el derecho a la adjudicación. Traer a estas viviendas familias que carezcan de derecho alguno sobre las adjudicaciones es hacer mucho más viable ese posible proyecto urbanístico”.

Pero la Sociedad de San Vicente Paúl sigue percibiendo subvenciones y siguen presentándose ante la sociedad tal y como dicen desde su web promocionando “La formación, el crecimiento espiritual y la fraternidad de las personas que lo componen y la ayuda a las personas más necesitadas“.

La operación de Alamín en el Pleno de Guadalajara

La operación Alamín en el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara

En el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, del 26 de enero de 2018, el grupo socialista presentaba una moción para que el consistorio establezca contacto con las administraciones oportunas y que los vecinos puedan convertirse en sus propietarios, como debería haberse hecho según las condiciones establecidas en su día. Debate que, por cierto, se abordaba con presencia de los propios vecinos.

“El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha acordado que el Consistorio asesore a los residentes en las viviendas sociales de San Vicente de Paúl y ponga a disposición la documentación que precisen para que puedan defender sus derechos de propiedad. El acuerdo ha sido adoptado mediante la aprobación de una moción con los votos de los concejales del grupo socialista y de Ahora Guadalajara, que ha prosperado a pesar de que los ediles del PP han votado en contra, gracias a la abstención de los dos ediles de Ciudadanos.

Asimismo, ha indicado que el portavoz del grupo socialista, Daniel Jiménez, ha afirmado que es “es de justicia aclarar la situación jurídica de las viviendas y de las familias que residen en ellas desde su adjudicación”, un total de 96. También ha considerado que el alcalde del PP, Antonio Román, “no puede ocultarles esa información escondiéndose tras la excusa de no ser competencia municipal, porque sí es de su incumbencia y, además, el Ayuntamiento presume de tener oficinas o departamentos sobre materias que son competencia de otras administraciones, como la Oficina de Empleo y Desarrollo”, ha añadido.

Jiménez ha recordado que las viviendas fueron construidas en solares cedidos por la condesa viuda de Romanones “con dinero público para familias necesitadas, algunas de las cuales llevan residiendo en esos pisos desde hace 56 años y pagando una cuota mensual que en un principio fue de 150 pesetas”.

“En el contrato de adjudicación se estipulaba que tras pagar las cuotas durante los años correspondientes, los adjudicatarios liquidaban un préstamo y obtendrían la propiedad de sus viviendas”, ha indicado el portavoz socialista. Y se ha preguntado: “¿Dónde ponía, en cambio, que las Conferencias empezaran a cobrar cuota ninguna a esas familias adjudicatarias por sorteo público o que tuvieran ese derecho otras organizaciones que también han cobrado a los inquilinos de unas viviendas que eran para pobres?”.

Además, el portavoz del PSOE ha instado al alcalde a “pedir al Gobierno de España, que fue el que gestionó, financió en su mayor parte y adjudicó estas viviendas, todo el expediente relativo a las mismas, para conocer la verdad de la ‘Operación Alamín” (CLM24.ES).

El fantasma de la especulación planea sobre esas viviendas, pero claro, con la Iglesia hemos topado.©

Desahucios en Guadalajara: Operación Alamín 2