En octubre de 2017 Ignacio Vázquez –Alcalde de Torrejón de Ardoz-, se mostraba satisfecho con las más de 1.000 propuestas que habían llegado al buzón del Ayuntamiento para los presupuestos participativos de su ciudad. Sin embargo, estos presupuestos son un ejemplo de como no se debe actuar en materia de participación ciudadana, ni por su transparencia ni por su manera de ejecutarlos. Cualquiera que entre en la web municipal puede ver como los presupuestos participativos consisten en la realización de propuestas a través de una web. No existe habilitado ningún canal de deliberación y tampoco se abre proceso alguno de debate o toma de decisiones que sean vinculantes para la administración. De este modo, se trata más de una operación cosmética que de un proceso ciudadano de participación. Pero la cuestión es, si estos no son presupuestos participativos ¿qué significa elaborar un presupuesto participativo?… Así empieza Pablo Carmona su artículo sobre Presupuestos participativos, y que forma parte de una serie de estudios críticos, que publicaremos en los próximos meses, sobre las grandes mentiras socioculturales que nos han impuesto desde el poder, en Torrejón, y del cambio político necesario en el gobierno de la ciudad para que este sea más democrático y participativo.©

En octubre de 2017 Ignacio Vázquez –Alcalde de Torrejón de Ardoz-, se mostraba satisfecho con las más de 1.000 propuestas que habían llegado al buzón del Ayuntamiento para los presupuestos participativos de su ciudad. Sin embargo, estos presupuestos son un ejemplo de como no se debe actuar en materia de participación ciudadana, ni por su transparencia ni por su manera de ejecutarlos.

Cualquiera que entre en la web municipal puede ver como los presupuestos participativos consisten en la realización de propuestas a través de una web. No existe habilitado ningún canal de deliberación y tampoco se abre proceso alguno de debate o toma de decisiones que sean vinculantes para la administración. De este modo, se trata más de una operación cosmética que de un proceso ciudadano de participación.

No menos sorprendente es el tratamiento que se da desde la web oficial del Ayuntamiento a los grupos de oposición. En concreto con la aprobación del presupuesto se puede ver como desde la web oficial del municipio, que debería mantener la neutralidad y representar a todos los grupos, reflejar la vida municipal y anunciar los avances en la gestión del equipo de gobierno, se dedican párrafos enteros a críticar y descalificar a otros grupos municipales como si de la web del partido de gobierno se tratase.

Ambos síntomas nos muestran una realidad, en Torrejón ni en la presentación de los presupuestos del municipio ni en los presupuestos participativos encontramos la más mínima novedad en la gestión participada de los asuntos públicos. Pero la cuestión es, si estos no son presupuestos participativos ¿qué significa elaborar un presupuesto participativo?

Cartel de presupuestos participativos en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Algunas bases para pensar un presupuesto participativo.

En demasiadas ocasiones se confunde la apertura de un buzón de sugerencias con un proceso de participación ciudadana, como ocurre en Torrejón de Ardoz. De hecho, el dilema actual en materia de participación es como no caer en procesos de democracia participativa que no sean un mero anuncio publicitario. Estamos ante un concepto relativamente novedoso y muy atractivo para el electorado, pero cuya verdadera implementación conlleva cierta pérdida parcelas de poder que en muchas ocasiones no se está dispuesto a ceder.

Esta razón hace que los mecanismos participativos sean siempre una especie de voladura controlada en la que las administraciones públicas agarran bien fuerte las riendas del proceso. De hecho -este punto de partida-, marca siempre los límites de la participación y le dota de un marco que “a priori” define lo que se puede y no se puede hacer. En la práctica, esta es la gran diferencia inicial y de definición entre los procesos participativos impulsados por las administraciones públicas  y los modelos de participación establecidos por los movimientos de lo social. En los segundos, las reglas de la participación son autotuteladas, autónomas y definidas al margen de las instituciones públicas, arbitrando así modelos de acción y reivindicación que superan y desbordan el campo de los instituido.

Democratización de las cuentas públicas

Teniendo en cuenta esta importante salvedad, las diferencias entre un buzón de sugerencias y un proceso participativo que merezca tal nombre, son abismales. En el caso de los presupuestos participativos, lo primero que se debe plantear es la democratización de las cuentas públicas. Se trataría de demostrar que los presupuestos públicos no deben ser un coto privado de economistas y políticos, pudiéndose implicar en ellos sin complejos el conjunto de los vecinos y vecinas de un municipio o de un país.

A partir de ahí se hace fundamental abrir las reglas del proceso y definir el campo de participación que se propone. Al definir estas reglas al menos se permite articular procesos de deliberación que deben ser lo más amplios posibles, utilizando espacios presenciales y herramientas telemáticas desde donde cualquiera pueda presentar sus propuestas. Este es el caso de presupuestos como los que han elaborado el Ayuntamiento de Madrid o procesos de amplia implantación como el de Porto Alegre.

Sólo un proceso de elaboración y debate de propuestas puede permitir un mínimo espacio de decisión colectiva donde quepan las consultas, asambleas y votaciones necesarias que determinen qué propuestas deben ser ejecutadas por las administraciones impulsoras del proceso. En consecuencia, el mínimo exigible para cualquier proceso de participación deberían ser que las propuestas ganadoras de un proceso de estas características fuesen de obligado cumplimiento en los presupuestos municipales. De lo contrario estaríamos ante una simple opinión sin traducción en la realidad.

Cartel de presupuestos participativos en el Ayuntamiento de Zaragoza

De los procesos de participación al autogobierno.

Si tomamos como ejemplo los presupuestos de la ciudad de Madrid, nos encontramos  que muchas de estas características se cumplen sobradamente. Se trata de procesos abiertos, con unas reglas bien definidas, con una parte del presupuesto municipal prediseñada para poderse llevar a cabo y, lo más importante, un proceso de participación y toma de decisiones que es verificable a través de un compromiso concreto del gobierno municipal. Nada que ver con un simple sondeo o la toma de opinión que señalábamos al principio donde los presupuestos participativos son poco más que el nombre.

Sin embargo, los mecanismos participativos no deben llevarnos a pensar que con ellos llega una transformación radical de nuestro sistema político. De hecho, en muchas ocasiones no pasan de ser buenos experiementos de deliberación o que permiten elevar pequeñas propuestas a los órganos de gobierno, quedando así el núcleo central de toma de decisiones fuera de este tipo de mecanismos.

También se corre el riesgo de confundir procesos de radicalización democrática con procedimientos técnicos de toma de decisiones y deliberaciones, muchas de ellas casi exclusivamente individuales. Procesos telemáticos que sólo se pueden entender como una suerte de “democracia lobista” donde las nuevas herramientas de participación aportan mejoras de gestión pública pero que en ningún caso devuelven la igualdad ni compensan los desequilibrios de poder intrínsecos a nuestro sistema político.

Procesos de participación y radicalización democrática

La pregunta de fondo que nos debemos hacer es si entendemos estos procesos de participación como complementarios al sistema representativo actual o si en ellos podemos dibujar o alumbrar otros modelos de radicalización democrática. Y sobre todo ¿qué respuestas o resultados deben darnos este tipo de experiencias?

Desde una óptica más global la participación ciudadana, aquella que pretende abrir desde el ámbito institucional caminos hacia una democracia radical, debería cumplir al menos cuatro grandes enunciados. El primero tiene que ver con la construcción de reglas del juego claras y transparentes que garanticen resultados y conclusiones. El segundo, que esos resultados sean verificables a través de consultas, votaciones y sistemas de toma de decisión que sean vinculantes para las administraciones públicas. En tercer lugar, que sean procesos que tienen como objetivo no agotarse en sí mismos, que abren procesos a medio y largo plazo y que reunen, construyen y refuerzan comunidades autónomas capaces de empezar a tomar sus propias decisiones. Y, en último lugar, cualquier proceso de participación es aquel capaz de fomentar que las comunidades que reune a su alrededor diseñen nuevos modelos institucionales capaces de pensar su propio gobierno y sus sistemas de participación más allá de los canales establecidos.

Efectivamente, la verdadera democracia participativa es aquella capaz de alentar el contrapoder y sus propias contradicciones, aquella que es capaz de impulsar y dar cabida a todos aquellos procesos de participación e instituciones autónomas que ponen en crisis los mecanismos establecidos de representación y también los de participación.

Pablo Carmona sobre Presupuestos participativos

Dispersar el poder fuera de las instituciones

Con ello se debe reconocer también que unas de las grandes contradicciones de estos sistemas participativos desde lo institucional es que devienen poco útiles cuando -al otro lado de la administración-, lo que se encuentran es con modelos  organizativos, formas institucionales y espacios de participación que emanan de algún conflicto social o movimientos autónomos ya asentados y no tanto de procesos de participación reglados. En este punto, los mecanismos participativos pueden aportar algún canal menor de expresión, pero el grueso de la relación política se produce dentro del repertorio clásico de negociación, desobediencia, presión pública y organización, fuera de los canales instituidos. ¿Pueden las democracias participativas aportar algo en este sentido?¿Son elementos al menos de canalización similares a canales como fue la concertación colectiva entre patronales y sindicales de las décadas centrales del movimiento obrero? En este sentido, la respuesta es rotundamente negativa.

Por ahora, los modelos de participación ciudadana instituidos sólo son últiles en contextos de extremada paz social y donde los conflictos se expresan de manera muy débil y desorganizada. La delimitación de las reglas de participación y la escasa influencia sobre los temas centrales o estructurales hacen que devengan poco úitles ante los conflictos centrales de nuestras ciudades y pueblos.

En consecuencia debemos entender que la imaginación política radical está siempre atravesada por la la necesidad de exceder los mecanismos públicos de participación, por muy abiertos que estos sean. Dentro de ese horizonte, el objetivo último no es tanto mejorar los mecanismos de participación, sino más bien dispersar el poder hacia modelos de participación autónomos y externos a los canales institucionales, evitando así que esos mecanismos sean dirigidos desde los poderes públicos, construyéndose así con autonomía y -los que es más importante-, marcando sus propias reglas del juego.©