La condena al olvido, es quizá la peor de las condenas, y como dijo Benedetti, “una forma velada de burlase de la historia”. Y por eso, la socorrida frase de “no abrir heridas” suena a colaboracionismo de los crímenes franquistas. Los hechos se pueden asumir, pero nunca olvidar, para avanzar hay que ser fieles a la verdad en el relato que leguemos de lo acontecido y garantizar los recursos que aporten toda la justicia que el tiempo pasado permita para con los damnificados/as.  La presión jurídica consiguió hace unos meses desterrar en Torrejón el homenaje continuo que representaba una calle de la ciudad bajo el nombre del General Vigón (instigador de los bombardeos de Guernica y hombre de confianza de Francisco Franco), y ahora, el juzgado nº9 de lo Contencioso Administrativo de Madrid, en una sentencia (29/2018 de 31 de enero), obliga al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a la retirada de todos los símbolos del franquismo, condenando también al pago de las costas del juicio con cargo al bolsillo de los vecinos/as de la ciudad gracias a la insumisión legal de su alcalde, Ignacio Vázquez. En este artículo, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Javier del Castillo, piensa que una partida de 25.000 € ,en un presupuesto municipal de 108 millones de euros, es ridícula, y eso ralentizará el cumplimiento de la sentencia judicial, así como los últimos acuerdos de los Plenos en materia de memora histórica.©

La condena al olvido, es quizá la peor de las condenas, una forma velada de burlase de la historia.

El avance evolutivo de la humanidad a su paso por la historia es un relato con maravillosos pasajes entre los que sistemáticamente aparecen tristes episodios que responden a una lógica, el comportamiento de naturaleza errática que sostienen las personas, que, como individuos, conforman el conjunto de la humanidad, reflejando en ella sus comportamientos. Lo que nos hace avanzar es intentar aprender del error evitando (o intentándolo) la reincidencia. Y para ello hay que ser garantes de un concepto, la justicia histórica, esto es preservar la realidad de lo acontecido y actuar en consecuencia, y de ese modo evolucionar, como personas en primera instancia y como sociedad en el contexto histórico. Esta introducción que pudiera incurrir en la obviedad, es en realidad necesaria. He escuchado decir en no pocas ocasiones que España debe cerrar heridas de un pasado más reciente del que se empeñan en mostrar quienes proponen el olvido como herramienta evolutiva, una actitud que difiere del conjunto de obviedades que abrían este relato y por ende su condición de necesarias La condena al olvido, es quizá la peor de las condenas, y como dijo Benedetti, “una forma velada de burlase de la historia”. Los hechos se pueden asumir, pero nunca olvidar, para avanzar hay que ser fieles a la verdad en el relato que leguemos de lo acontecido y garantizar los recursos que aporten toda la justicia que el tiempo pasado permita para con los damnificados/as.

Aún hoy hay símbolos y nombres de calles en muchos ayuntamientos para homenagear al franquismo: un régimen asesino y represor

El final de la Guerra Civil española dio origen a un periodo de 40 años de represión donde se fusilaron a cientos de miles de personas, llevándose por delante los más elementales Derechos Humanos y cualquier vestigio de democracia. Más de 40 años después de la dictadura, en España, el 90% de víctimas de la represión Franquista, permanecen enterrados en las más de 2000 fosas que se estima siguen esperando ser abiertas, en cunetas o en mausoleos dedicados al dictador (Valle de los Caídos). Las calles de las ciudades españolas están plagadas de recuerdos y homenajes a la dictadura. La derecha española, que pide “avanzar y no anclarse en hechos pasados” no sólo pretende hacer del olvido una herramienta evolutiva, va más allá, y las objeciones de su conciencia se plasman en hechos que sitúan el lugar en que ubica el Partido Popular su concepto de justicia histórica. Así hemos asistido a una floración insumisa no sólo con la historia, también con la ley, algo inaceptable en un partido que ostenta la condición de gobierno.

el gobierno de José María Aznar (Partido Popular) financió durante los años de su mandato a la fundación Francisco Franco

La última vez que la fundación Francisco Franco publicó sus cuentas anuales, constatamos que el gobierno de José María Aznar (Partido Popular) la había financiado durante los años de su mandato con dinero público. Una fundación cuyo objetivo es exaltar la imagen del dictador, con el doloroso agravante de que, lógicamente, parte de esa financiación pública salía de los bolsillos de todos los contribuyentes, incluyendo hijos, nietos, etc… de asesinados por el régimen Franquista, que paralelamente recibían reiteradas negativas ante cada petición de exhumar los restos de sus familiares de las cunetas repartidas por la geografía española, en una indignante inacción gubernamental frente a la reparación, aunque fuera moral, del daño causado. Urgía provocar situaciones para enfrentar con dureza esa pasividad connivente con todavía demasiados herederos satisfechos, había que legislar, y con carácter previo, buscar voluntad legislativa. La llegada del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, fue el aliado necesario, su Ley de Memoria Histórica del año 2007, establecía medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Mas tarde, la sociedad hizo gala una vez más del comportamiento errático anteriormente mencionado, devolviendo del exilio al poder al Partido Popular, que ahora, imperado por la ley, tuvo que recurrir a otro concepto insumiso para no aplicarla, el financiero. Derogaron de facto la Ley de Memoria Histórica dejándola fuera de los Presupuestos Generales del Estado, por tanto, fuera de aplicación.

Una partida de 25.000 euros para memoria histórica de 108 millones de presupuesto. Y una condena por “no hacer lo suficiente”

Esta situación ha provocado que a día de hoy, por ejemplo, en Torrejón de Ardoz, tras la elaboración de un extenso catálogo de hasta 99 símbolos (calles, placas conmemorativas…) el PSOE ha solicitado su retirada hasta en tres ocasiones en el pleno municipal al gobierno (Partido Popular) obteniendo una negativa, con argumentos tan banales como que no tienen competencia en las propiedades privadas. Hay ordenanzas que regulan criterios estéticos de algunas zonas de la ciudad, incluyendo las propiedades privadas, debe ser que esos símbolos no rompen el concepto de estética que manejan, pero, lamentablemente para ellos, rompen la ley. Así lo ha dicho el juzgado nº9 de lo Contencioso Administrativo de Madrid en una sentencia (29/2018 de 31 de enero) en la que obliga al ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a la retirada de todos los símbolos, condenando también al pago de las costas del juicio con cargo al bolsillo de los vecinos/as de la ciudad gracias a la insumisión legal del alcalde. La presión jurídica ya ha conseguido desterrar el homenaje continuo que representaba una calle de la ciudad bajo el nombre del General Vigón, (instigador de los bombardeos de Guernica y hombre de confianza de Francisco Franco). De un presupuesto municipal de 108 millones de euros, la partida “memoria histórica” para este año destinada al cumplimiento de la sentencia ha sido de unos exiguos 25.000 €, apuesto a que la retirada será al ritmo de “despacito”. Una sentencia que a buen seguro no les sea tan dolosa como se pudiera pensar, a fin de cuentas, llega como salvoconducto moral ante los suyos, a quienes podrán decir que la retirada de símbolos es por “imperativo legal” poco que ver con la voluntad. Como moraleja positiva, quedémonos con una lectura: para todas aquellas cuestiones con una defensa que nace del consenso social, pensiones, educación o sanidad, sirva este relato como muestra del camino que garantiza la victoria, la ley y la voluntad de legislar. Ya sabéis, la capacidad de remover voluntades, en caso de ser necesario, es una herramienta de la que disponen regularmente los ciudadanos, cada 4 años para ser exactos, aviso costero.©