La larga sombra de la corrupción del PP en Madrid alcanza a Dolores Navarro Ruiz, actual concejala de Transparencia, Hacienda, Contratación y Mujer de Torrejón de Ardoz, que vino de la mano de Pedro Rollán al gobierno de nuestra ciudad. El Tribunal de cuentas condena a Ana Botella y siete ex altos cargos de su equipo municipal, como responsables directos, de la venta de viviendas públicas construidas para personas y familias vulnerables, a fondos buitres por un precio de 22,7 millones de euros por debajo del precio contable del mercado. Ahora, los responsables de aquel gobierno municipal, que además coincidieron en la junta Accionistas de la EMVS, tendrán que devolver íntegramente el dinero, a las arcas públicas. 

La noticia se ha extendido como un reguero de pólvora por todos los medios de comunicación de la Comunidad de Madrid, y las medios de Torrejón de Ardoz, desde que a primeras horas de la mañana adelantaran la noticia en la Cadena Ser. El Tribunal de Cuentas, considera que el por perjuicio económico ocasionado por los responsables del gobierno municipal, a las arcas públicas asciende a 22,7 millones de euros, a los que  habría que sumar otros 3 millones de euros, responsabilidad directa del consejero delegado de la EMVS.

Por el momento, Los Concejales No Adscritos (Ruth Grass y Raúl de Lope), y Ganar Torrejón (IU-Equo),  piden públicamente la dimisión de la Concejala de Hacienda, Contratación y Mujer de Torrejón de Ardoz, María Dorlores Navarro, condenada por el Tribunal de Cuentas.

En la sentencia, también se condena a Fermín Oslé Uranga, como consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en 2013, a abonar 3.040.000 euros. En total, El Tribunal de Cuentas decide que los responsables de la venta de las viviendas públicas a fondos buitres, han cometido un fraude de 25,8 millones de euros, que tendrán que reembolsar íntegramente.

Más allá del perjuicio económico ocasionado al patrimonio municipal, como consecuencia de la venta de las viviendas a fondos buitre, está el drama de las familias que ocupan las viviendas, o ocupaban y fueron obligadas a abandonarlas por la especulación y las presiones de las nuevas empresas propietarias, que solo les interesa rentabilizar su negocio. 

La demanda fue presentada por el Gobierno de Manuela Carmena en noviembre de 2017. Ahora, esta sentencia, 27 de diciembre de 2018, considera probado que la operación de venta de 18 promociones de vivienda pública protegida a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo con procedimientos ilegales, sin asegurar la concurrencia de ofertas, y se cerró por debajo del precio contable y por debajo del precio de  mercado.  Estas viviendas estaban valoradas en 159 millones de euros y se vendieron por 128 millones.

De aquel equipo de gobierno municipal de Ana Botella, responsable de la venta ilegal de viviendas públicas, han sido condenados los concejales coincidentes con la Junta de Accionistas de la EMVS, Concepción Dancausa, ex delegada del Gobierno en Madrid; Paz González; Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito -altos cargos del Gobierno regional-; María Dolores Navarro (actual concejala actual concejala de Transparencia, Hacienda, Contratación y Mujer de Torrejón de Ardoz) ; y Pedro del Corral -actual concejal del Ayuntamiento de Madrid-. La sentencia considera que todos ellos estaban en puestos de directa responsabilidad sobre la venta «en el momento en que se produjeron las enajenaciones». Y que deben asumir el pago solidario de estos 22,7 millones de euros, para resarcir los daños ocasionados a las arcas públicas del Ayuntamiento de Madrid.

«El negocio para los fondos buitres que desembarcaron en Torrejón, de la mano de la Comunidad de Madrid, era y es redondo: adquirían viviendas por debajo de su precio, viviendas construidas en suelo público y con inquilinos jóvenes con contratos de alquiler con derecho a venta en precios de venta desfasados ante la caída del precio de la vivienda. Prometieron mantener las condiciones de los alquileres pero, enseguida y en la práctica (como constata, entre otros, en varios informes desarrollados por Amnistía Internacional señalando la vulneración de derechos humanos) estas condiciones cambiaron encareciéndose los precios de alquiler y las condiciones firmadas (con suplementos que se imputaban para, por ejemplo, mejorar la seguridad o el mantenimiento de las viviendas) o porque la Comunidad de Madrid dejo de pagar ayudas a las familias ya que no estaban en viviendas públicas. Los inquilinos no pudieron además igualar el precio de venta ofertado a los fondos buitres y en muchos casos no fueron ni informados.» (Guillermo Fouce, exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento)

Venta de viviendas públicas a fondos buitre en Torrejón de Ardoz. El drama de muchas familias torrejoneras

El PP generalizó este tipo de ventas (ilegales según la sentencia del Tribunal de Cuentas) de vivienda pública a fondos buitres, al mismo conglomerado de empresas especulativas, por otros muchos municipios en la Comunidad de Madrid, entre ellos Torrejón de Ardoz, y muchas familias torrejoneras se vieron afectadas por procedimientos «corruptos» casi idénticos al descrito por la sentencia del Tribunal de Cuentas en el caso del Ayuntamiento de Madrid, aunque los responsables directos de la venta, en algunos casos, fuera el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Estas viviendas de Torrejón de Ardoz que se vendieron a fondos buitres, al tiempo que decenas de miles diseminadas por otros municipios de la Comunidad de Madrid, a un precio por debajo del coste contable y del precio de mercado, sin dar la oportunidad que los adjudicatarios de dichas viviendas públicas ejecutaran su derecho a compra en las condiciones que firmaron, solo fue el principio de un drama para cientos de jóvenes y familias en Torrejón de Ardoz.

Ahora los jóvenes y familias adjudicatarias de esas viviendas públicas, luchan contra el aumento de precio desproporcionado que les imponen, de 300€ a cerca de 700€ en la actualidad, posiblemente con la intención de que abandonen sus hogares, como muchos han tenido que hacer ya, a veces presionados con «arreglos fantasmas» de mantenimiento que hacían la vida de los vecinos imposible e insoportable (los edificios eran nuevos, pero los arreglos en pasillos y zonas comunes interminables).  Las viviendas que van quedando libres, son vendidas a precio libre de mercado, generalmente en zonas privilegiadas, por haberse levantado sobre suelo público, proporcionando millonarios beneficios a empresa y fondos privados.

«No puedes hacer planes de futuro. Vivimos en el día a día. El día que vinieron Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid, y Pedro Rollán, Alcalde de Torrejón, a darnos las llaves nos dijeron que en siete años de alquiler, serían nuestras. Que qué suerte teníamos. Nos vendieron que este PLAN DE VIVIENDA JOVEN era una oportunidad única de adquirir casas de calidad. Eso nunca pasó porque con la venta perdimos el derecho a compra. Fue un engaño en toda regla. Nunca llegamos a imaginar esto».© 

Venta de vivienda pública a fondos buitres en Torrejón de Ardoz

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